Ley de Morosidad establece un máximo de 60 días.
La nueva ley de morosidad fija unos plazos máximos de 60 días para que las empresas paguen a sus proveedores y el plazo de pago para las administraciones públicas se ha fijado en un máximo de 30 días. Con esta nueva Ley, con el fin de evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores, que den lugar a aumentos injustificados del plazo de pago, se pretende evitar el abuso que ha existido hasta ahora en cuanto a los plazos de los pagos, los cuales eran indefinidos puesto que la ley lo admitía siempre que las dos partes lo pactaran. Esta anticuada modalidad conllevaba a tener serias dificultades para pequeños empresarios y autónomos lo que aumentaba de forma dramática los impagos, siendo estos una de las principales causas de los cierres de algunas pymes.
El objetivo de esta reforma es basicamente corregir desequilibrios actuales de la economía española, además por otra parte, se refuerza el derecho a percibir indemnización, se amplía la posibilidad de que las asociaciones denuncien prácticas abusivas en nombre de sus asociados y se promueve la adopción de códigos de buenas prácticas en materia de pagos, en línea con una concepción estratégica de la economía sostenible.
Gracias a este cambio con la nueva Ley de Morosidad, habrá una mejora en la liquidez de las empresas puesto que las facturas se cobrarán a más corto plazo, siendo de esta forma menos necesaria la solicitud de préstamos para hacer frente a los gastos corrientes en la actividad de la empresa.
La implementación de la nueva ley será el 1 de enero de 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor; será de forma paulatina es decir, que la exigencia en la reducción de los nuevos plazos se irán adaptando hasta el año 2013
Además, para conseguir un procedimiento efectivo y ágil con el fin de hacer efectivas las deudas de los poderes públicos; se establecen mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.
Sin embargo para conseguir el cumplimiento de esta ley, debe ir acompañada de otras modificaciones como por ejemplo una reforma en el sistema financiero así como adaptación de los contratos públicos.
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